Los datos de dependientes en 2008 hacen inaplicable la ley de dependencia

diariomedico.com. (27.05.2008).- Educación se está reuniendo con las autonomías para desarrollar la Ley de Dependencia, pero han chocado con un grave escollo: el presupuesto se fijó según una encuesta de 1999 y en 2008 los dependientes son el doble de los previstos, lo que hace inviable atender a todos.

La Información Estadística del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia del Ministerio de Educación estima que en mayo de 2008 había 178.581 grandes dependientes. Las autonomías consultadas por DM aseguran que el dato se queda corto y algunas aportan cifras, según las cuales, el número de dependientes en su territorio duplica el que en su día se tomó como referencia para la dotación presupuestaria de la ley. Ante esta situación plantean que la aplicación de la norma se hace inviable.

El Gobierno basó su cálculo presupuestario en la Encuesta sobre Discapacidades, Deficiencias y Estado de Salud de la población elaborada por el Instituto Nacional de Estadística en 1999 y recogida por el Libro Blanco de la Dependencia.

Críticas
Ni las autonomías ni los profesionales ocultan ya que el actual planteamiento de la Ley de Dependencia no sirve, que sus mecanismos de adaptación son ineficaces, los sistemas informáticos insuficientes y que sus recursos no dan más de sí ante la avalancha imprevista de personas dependientes.

Las reuniones que organiza la ministra de Educación, Política Social y Deporte, Mercedes Cabrera, con los responsables autonómicos en asuntos de dependencia, así como los encuentros que recientemente mantuvieron de forma paralela las regiones gobernadas por el Partido Socialista y el Partido Popular, pusieron sobre la mesa el problema: las estimaciones iniciales sobre la cantidad de dependientes que había en España, aquéllas en las que se ha basado el reparto de fondos, se han quedado cortas e incluso algunas regiones duplican los datos calculados, según han denunciado las comunidades a este periódico.

Los números pretendían servir de guía para ajustar los criterios de reparto presupuestarios y los recursos, pero ahora se han convertido en la evidencia del mal funcionamiento de la ley, según han denunciado a DM las comunidades, que se ven "desbordadas" por el aluvión de solicitudes.

Información regional
Según los datos facilitados por el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte, las estadísticas, actualizadas mensualmente con la información que remiten las regiones, demuestran que aún no se han superado las expectativas del Libro Blanco, ya que se estimaba que en el momento de elaborar la ley habría en España unos 200.000 grandes dependientes, mientras que a día de hoy sólo se han registrado 178.000.

Las comunidades replican que aún no se ha completado el proceso de valoración y que en los últimos meses han recibido el mismo número de solicitudes que cuando se puso en marcha. Educación añade que la financiación también supera con creces lo recogido en la memoria económica de 2008 -de 650 a 871 millones de euros-.

Los datos de comunidades como Galicia, País Vasco, Extremadura, Comunidad Valenciana, Baleares, Murcia, que no han aportado sus cifras actualizadas a DM, se ajustan a los argumentos expuestos por Educación, aunque fuentes de esas consejerías dicen estar "sobrepasados por la demanda".

Educación no quiere desdecir a las regiones, puesto que los datos pueden haber variado durante este último mes. Como ejemplo de estos desajustes se encuentra la Comunidad de Madrid, que tenía calculados alrededor de 23.000 grandes dependientes, mientras el registro sólo acumula a 10.000 personas.

El propio ministerio confirma que las cifras de Madrid carecen de credibilidad, puesto que es evidente que hay muchos más afectados. La Comunidad, que aún se rige por su Ley de Servicios Sociales de 2003, no hace distinción de grados y aporta su cifra global de personas dependientes ya atendidas: 137.000.

En Castilla-La Mancha, se calculaban en un principio 10.000 grandes dependientes y ahora mientras los datos oficiales dicen superar los 11.000, el consejero de Bienestar Social de la región, Tomás Mañas, dice estar cerca de los 20.000. En Asturias, de los 6.783 pacientes de Grado III, se ha pasado a 5.852, aunque prevén que ascienda debido al "aluvión de solicitudes en los últimos meses".

En Cataluña se calcularon 31.550 grandes dependientes, y, según los datos de Educación, ya se han dictaminado 26.290 valoraciones, una cifra que asciende a 46.698 casos, según el Departamento de Acción Social y Ciudadanía de la Generalitat. Canarias es otra región que critica la falta de un análisis real de su capacidad económica. Según el Libro Blanco, le correspondían 6.402 pacientes de Grado III, pero según los datos de la consejería ya ascienden a 10.537.


Y digo yo: ¿puede un estado como el español hacer una ley de dependencia del año 2007 con estadísticas de población del año 1999? Para desarrolar y aplicar la ley de dependencia hacen falta recursos materiales y humanos especiales. En otros países, como Alemania, antes de aplicar la ley de dependencia, el estado y las aseguradoras privadas tuvieron que recabar, durante muchos años, recursos para hacer frente a todas las necesidades de la población con un grado u otro de dependencia. ¿Como pretende el estado financiar de hoy para mañana este tipo de prestaciones en nuestro país?.